El Centro de
Contraloría Social y Estudios de la Construcción
Democrática (CCS) está diseñado como un espacio
de apoyo a proyectos de contraloría social realizados
desde la sociedad civil, así como un núcleo académico
para la documentación, investigación y análisis de
temas relacionados con la rendición de cuentas en
México y Latinoamérica.
El CCS se estableció en septiembre de
2007 con el apoyo del Gobierno Británico y
la asistencia técnica del Banco Mundial.
Formamos parte del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), una
institución con una importante trayectoria en el
estudio de las ciencias sociales, dedicada desde hace
35 años a actividades de investigación y formación en
el nivel de posgrado en antropología social y otras
ciencias sociales.
Los ciudadanos tenemos una serie de
obligaciones y derechos que se materializan en la
legislación nacional, pero también en la serie de
pactos (convencionales o no) que ha suscrito el Estado
mexicano. Por su parte, el Estado tiene una serie de
obligaciones en la materialización de esos derechos, a
través de la articulación de políticas públicas que
deben dirigirse hacia el pleno ejercicio de todos los
derechos para todos los ciudadanos.
La participación de la ciudadanía, sea
de manera individual o por medio de las organizaciones
de la sociedad civil (OSC), es clave para la exigencia
y cumplimiento de estos derechos. Una participación que
ejerce nuevos horizontes en la profundización
democrática de las sociedades contemporáneas es aquella
que asume el derecho de exigir cuentas al Estado (en
cualquier momento del ciclo de las políticas públicas)
como forma de control de los servidores públicos
(electos y no electos), pero también de construcción de
ciudadanía y materialización de mejores y más eficaces
políticas públicas.
El reto actual en las tareas de
contraloría social es doble: por un lado, es necesario
fomentar la participación ciudadana dirigida a la
evaluación sistemática de servicios, programas y
políticas públicas en México, al mismo tiempo que se
fortalecen las capacidades y habilidades de los actores
sociales (vigilantes) interesados en hacerlo, para
lograr que se conviertan en interlocutores de peso
frente al Estado (vigilado); y, por otro lado, es
necesario también incidir desde distintos frentes en lo
público, a fin de ir abriendo espacios efectivos de
participación para la incorporación de los ciudadanos
en la toma de decisiones, con mecanismos adecuados y
flexibles a los distintos contextos políticos y
sociales del país.
En este sentido, resulta de especial
relevancia la tarea del CCS de identificación de
ciertas formas de participación ciudadana organizada
que tengan como eje central la incidencia de los
ciudadanos en la vigilancia de la labor del Estado, con
la intención de influir en el mejor desempeño de la
misma, apropiándose del derecho ciudadano a exigir
cuentas al Estado sobre el cumplimiento de sus
obligaciones.
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